El 2 de julio de 2025, en colaboración con diversos académicos y organizaciones de la sociedad civil, el Consorcio ETO copatrocinó un seminario web sobre «Ocupación ilegal, genocidio y negocios: reflexiones sobre el caso de Palestina».
En enero de 2024, la CIJ afirmó la plausibilidad del genocidio en Gaza. Tras las medidas provisionales del Tribunal, una serie de informes de mecanismos independientes de la ONU y de organizaciones internacionales líderes confirmaron aún más que se está produciendo un genocidio. En julio de 2024, la CIJ dictaminó que la ocupación israelí de Palestina es ilegal en su totalidad, al considerar que Israel ha violado múltiples normas imperativas del derecho internacional, incluidas las prohibiciones contra la agresión, la discriminación racial y el apartheid, así como el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La Corte también destacó las catastróficas consecuencias de las actividades económicas que facilitan la ocupación ilegal, y pidió a los Estados que impidieran dicha explotación y facilitación. A pesar de la urgencia y los claros fundamentos jurídicos para invocar la responsabilidad de los Estados y las empresas, estos, junto con los mercados mundiales, se han mostrado reacios a cumplir con sus obligaciones.
Según los expertos de la ONU, este incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales ha puesto al derecho internacional al borde del abismo.
Este grupo de expertos examinó las obligaciones y responsabilidades de las empresas que operan dentro de esta economía de guerra colonial, y examinó las consecuencias de las infracciones.
Entre las preguntas clave figuraban las siguientes
- ¿Qué significan las decisiones de la CIJ para las empresas?
- ¿Cuáles son los parámetros de la responsabilidad empresarial en el marco de los negocios y los derechos humanos?
- ¿A qué riesgos jurídicos se enfrentan las empresas?
- ¿Cómo se puede exigir responsabilidades a las empresas?
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