Por los derechos humanos más allá de las fronteras

Los derechos humanos han sido encerrados detrás las barreras domesticas impidiendo su aplicación universal a la globalización y su regulación necesaria. Las obligaciones extraterritoriales (ETOs) liberan a los derechos humanos.

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Areas centrales

El trabajo del Consorcio ETO abarca una amplia gama de áreas políticas y derechos específicos, lo que refleja la diversidad de sus miembros y que pueden agruparse, en líneas generales, en cinco áreas centrales: 

  • Comercio, Inversion y Finanzas
  • Empresas Transnacionales
  • Acaparamiento de Recursos y Eco-Destrucción
  • Cooperación Internacional y Asistencia para el Desarrollo
  • Promoción y Rendición de cuentas a través de Foros Internacionales y Regionales 

 Algunas de estas áreas y temas relacionados cuentan con Centros de Coordinación. Estos Centros están formados por miembros del Consorcio que desempeñan un papel proactivo en el avance de la implementación de las ETO en estas áreas particulares, y pueden ser contactados por organizaciones e individuos que busquen una mayor información o deseen colaborar.

Avanzando en la implementación de las ETO a través de los sistemas de derechos humanos internacionales y regionales

Los organismos regionales e internacionales de derechos humanos desempeñan un papel crucial en el seguimiento y la promoción del cumplimiento de las ETO por parte de los Estados. Las declaraciones de dichos organismos, bien generales o en relación con Estados específicos, contribuyen además a seguir aclarando en mayor medida las dimensiones extraterritoriales de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional.

Los miembros del Consorcio ETO han trabajado extensamente con los mecanismos de derechos humanos regionales y de las Naciones Unidas para avanzar en la implementación de las ETO y responsabilizar a los Estados por violaciones extraterritoriales. Esto se ha realizado mediante la presentación de informes paralelos que documentan violaciones extraterritoriales en los procedimientos de revisión del Estado, reuniones informativas temáticas con miembros del Comité/Comisión y Procedimientos Especiales, así como la presentación de casos concretos a través de los procedimientos de denuncia. 

Centros de Coordinación:

  • Informes paralelos y litigación estratégica [Bret Thiele, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights].
  • Comité de Derechos del Niño [Alessia Bigi, IBFAN-GIFA].

Empresas Transnacionales

Las empresas transnacionales pueden afectar los derechos humanos de muchas maneras. Esto incluye la contaminación ambiental, el desplazamiento de comunidades y la destrucción de los medios de subsistencia; la privatización y la mercantilización de los recursos naturales y los servicios públicos, y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras.

Las empresas transnacionales también han adquirido una influencia significativa sobre la formulación de políticas públicas, con unas políticas cada vez más orientadas hacia los intereses corporativos en lugar de hacia la realización de los derechos humanos. Las complejas estructuras legales de las empresas transnacionales, combinadas con los inmensos recursos financieros y políticos a su disposición y con el desequilibrio de poder en relación con las comunidades afectadas por sus actividades, plantean enormes desafíos a la hora de exigir responsabilidades por sus abusos de los derechos humanos.

Los Principios de Maastricht proporcionan una orientación sobre las ETO que los Estados deben respetar en relación con la regulación y la exigibilidad de las empresas privadas. Dichos principios aclaran las situaciones en las que los Estados están obligados a regular o tomar medidas para influir en las actividades de las empresas en el extranjero (ETOP 24-26). También hacen hincapié en la obligación de los Estados de cooperar para regular y responsabilizar a las empresas transnacionales de los abusos contra los derechos humanos y garantizar el acceso a recursos efectivos para las personas afectadas (ETOP 27). El proceso en marcha en la actualidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para desarrollar un tratado internacional que regule las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en el que participan varios miembros del Consorcio ETO, es de gran importancia para la implementación de las ETO de los Estados en el contexto de las transacciones comerciales. 

Centros de Coordinación: Existen diversos miembros que trabajan en este campo. Para una mayor información póngase en contacto con: ETOC Secretariat 

Acaparamiento de Recursos y Eco-Destrucción

La distribución tan desigual del acceso y control de la tierra y otros recursos naturales sigue siendo motivo de gran preocupación en muchas regiones. Esta desigualdad es una de las causas principales del hambre y la malnutrición, y está estrechamente vinculada con las violaciones de los derechos humanos a la alimentación y la nutrición, el agua, la vivienda, la salud, el trabajo y la autodeterminación.

La tendencia hacia la (re) concentración de la propiedad de la tierra y la reversión de los procesos de reforma agraria redistributiva se puede observar incluso en aquellos países con unos patrones tradicionalmente más igualitarios con respecto al acceso a la tierra. A nivel internacional se está llevando a cabo un proceso mediante el cual poderosos inversionistas privados y públicos, nacionales y extranjeros, firman acuerdos con los Estados para tomar el control de grandes superficies de tierra, y los recursos naturales relacionados, con importantes implicaciones para la soberanía alimentaria y la realización de los DESC. El "acaparamiento de recursos naturales" se ve a menudo acompañado de desplazamientos y desalojos violentos, y de una criminalización generalizada de las personas que defienden los derechos humanos.

Un planeta saludable es un prerrequisito esencial para la realización de los derechos humanos. La ecodestrucción y el cambio climático afectan fundamentalmente el acceso de las personas a los alimentos y al agua, su salud y sus medios de subsistencia, y son fuente de conflictos y desplazamientos.

Las obligaciones extraterritoriales exigen que los Estados tomen las medidas necesarias que puedan garantizar que sus propias políticas y acciones, así como las de los actores privados que puedan regular o influir, no dañen el disfrute de los derechos humanos en otros países (ETOPs 13, 20, 21). Además, dichas obligaciones exigen a los Estados la creación de un entorno internacional propicio para el cumplimiento universal de los derechos humanos (ETOP 29). Esto incluye medidas individuales y colectivas que puedan prevenir/detener la destrucción de nuestro planeta y el acaparamiento de sus recursos naturales, y al mismo tiempo puedan proporcionar remedios efectivos para los individuos y comunidades cuyos derechos se hayan visto afectados (ETOP 37). 

Centros de Coordinación:

Cooperación Internacional y Asistencia para el Desarrollo

La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la realización universal de los derechos humanos. Los desafíos transfronterizos en materia de derechos humanos, incluida la destrucción ecológica, la evasión fiscal y las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales, solo pueden abordarse mediante las acciones concertadas y la cooperación de todos los Estados. Los Estados tienen el deber de cooperar no solo para evitar daños, sino también para desarrollar una política internacional clara y un marco legal que defienda la primacía de los derechos humanos y contribuya a su cumplimiento universal.

La asistencia para el desarrollo es uno de los aspectos que forman parte del deber de los Estados de cooperar a nivel internacional. Los Estados tienen la obligación de buscar y proporcionar asistencia cuando sea necesario para el cumplimiento de los derechos humanos (ETOP 33-35). El deber de ayudar a otros Estados en el cumplimiento de los DESC debe estar en consonancia con los recursos económicos y la influencia internacional de cada Estado (ETOP 31).

En la cooperación dirigida al cumplimiento de los DESC, los Estados deben adherirse a los principios y prioridades de derechos humanos, como la priorización de la realización de los derechos de los grupos desfavorecidos y la realización de unos niveles mínimos esenciales en materia de derechos (ETOP 32). Además, los Estados deben tomar las medidas necesarias para evitar que los proyectos de desarrollo puedan socavar los derechos humanos en los países en los que implementan, y al mismo tiempo deben garantizar la provisión de recursos a las personas afectadas negativamente por los proyectos de desarrollo (ETOPs 13, 37).

La cooperación internacional se lleva a cabo a menudo bajo el paraguas de organizaciones internacionales como la ONU. Las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial o el FMI, así como los bancos regionales de desarrollo, también desempeñan un papel importante en la financiación de proyectos de desarrollo. Como miembros de estas organizaciones, los Estados tienen la obligación extraterritorial de garantizar que dichas organizaciones actúen de conformidad con los derechos humanos, y que no contribuyan a dañar los derechos humanos en los países miembros (ETOP 15).

Centros de Coordinación:

Comercio, Inversion y Finanzas

Los acuerdos internacionales y regionales de comercio e inversión pueden tener impactos sustanciales, tanto directos como indirectos, sobre la realización universal de los derechos humanos. Entre los posibles efectos negativos se incluyen la degradación de las normas de salud pública y de seguridad, la destrucción de los mercados locales y de los medios de subsistencia de los pequeños productores de alimentos, y la introducción de regímenes estrictos de derechos de propiedad que impiden el acceso a medicamentos y semillas esenciales. Además, pueden reducir el espacio político público requerido para implementar las medidas necesarias para la realización progresiva de los derechos humanos. Como ejemplo puede servir la reciente ola de demandas presentadas por las empresas a través de los mecanismos de Solución de Controversias Estado-Inversor (ISDS) que tienen como objetivo las políticas públicas en las áreas de impuestos, salud pública, medio ambiente y derechos laborales.

Las obligaciones extraterritoriales exigen a los Estados que garanticen que los acuerdos internacionales, incluso en las áreas de comercio, inversión y finanzas, no interfieran con el disfrute de los derechos humanos en otros países. Los tratados bilaterales y multilaterales, en estas y otras áreas, deben ser elaborados, interpretados e implementados de conformidad con las obligaciones de derechos humanos (ETOP 17). Esto implica la realización de evaluaciones previas de los efectos sobre los derechos humanos, así como la supervisión y el ajuste de las políticas y leyes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos (ETOP 14).

Las ETO de los Estados en el contexto de las políticas y acuerdos comerciales, de inversión y financieros, van más allá de simplemente garantizar que los mismos no perjudiquen los derechos humanos: Exigen que los Estados creen un entorno internacional propicio para el cumplimiento universal de los derechos humanos (ETOP 29). Un aspecto central de ese entorno propicio se relaciona con la capacidad de los Estados para obtener y disponer de los recursos financieros necesarios para implementar medidas dirigidas a la realización progresiva de los derechos humanos. Esto implica una cooperación entre los Estados para prevenir y castigar el abuso y la corrupción tributaria transfronteriza, así como los pasos para reducir la carga de la deuda de los países.

Centros de Coordinación:

  • Evasion fiscal transfronteriza [Niko Lusiani]
  • Principios rectores de la Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos [Cephas Lumina]
  • Financiación para el Desarrollo [Josh Curtis]